1. Aprobación
procedencia de urgencia de la sesión, incluyendo el asunto no dictaminado por
comisión informativa.
A favor: PP. Abstenciones: C'S, PSOE, IU-LV.
IU-LV: Los
ayuntamientos, motor de nuestros servicios públicos, se han visto golpeados por
la crisis que ha provocado una fuerte disminución de los ingresos. Esta pérdida
de recursos del sector público local, ha producido retrasos acumulados en el
pago de las obligaciones que tenían contraídas con sus proveedores la mayoría
de nuestros ayuntamientos, empresas muchas de ellas de ámbito local, que han
venido sufriendo también las consecuencias de este empobrecimiento
generalizado.
Las leoninas
condiciones y restricciones de acceso al crédito, unido a los retrasos
mencionados, sirvieron de justificación para que el Ministerio de Economía y
Hacienda adoptara un paquete de medidas urgentes de carácter extraordinario. Se
trataba básicamente de arbitrar un
mecanismo de chantaje: pagar a los proveedores con la condición inexcusable de
aprobar duros Planes de Ajuste, que vienen de facto a condicionar la autonomía
de las administraciones locales e imponerles un modelo mercantilista de
funcionamiento.
El
eje que vertebra los Planes de Ajuste es el cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, que obliga a adoptar medidas de incremento de ingresos o de
reducción de gastos para generar capacidad de financiación o equilibrio. Esta
vía de imposición a los Ayuntamientos para condicionar sus presupuestos, se acompaña
de un mecanismo de tutelaje, por el
cual, cualquier incumplimiento, puede conllevar la intervención de su mal
llamada administración superior, interviniendo directamente.
Por
el lado del ingreso, las medidas fundamentales han derivado en el incremento de
cuotas tributarias y tipos de gravamen, en la supresión de beneficios fiscales
en tributos locales y en el incremento de las tasas y precios públicos. Por el
lado del gasto, las medidas a aplicar han incidido sobre todo en la reducción
de costes de personal y servicios.
La
grave falta de liquidez de las Entidades Locales, ha sido el instrumento ideal
para iniciar el desmantelamiento de la administración pública desde su base más
relevante y vertebral: la administración local.
España
ha venido construyendo el desarrollo de unos servicios públicos básicos, que
permitieran la calidad de vida y la minimización de la brecha territorial y
social del acceso a los mismos, a través de la administración local. En vez de
abordar una reforma estructural que refuerce dichos servicios y que permita su
sostenibilidad económica, mejorando e
incrementando su participación en los tributos del Estado, planes de
refinanciación de la deuda que no ahogasen las arcas municipales y protegiendo
los servicios públicos, el Estado saca una tras otra diversas órdenes, a
modo de “parche” preelectoral, que evidentemente van a permitir minimizar el
impacto de la deuda en las arcas municipales, pero que impone condiciones muy
severas, que supondrán a la larga el desmantelamiento de los servicios que las
administraciones locales han venido prestando, condicionando y transformando su
modelo público, sus características y reduciéndolos a la mínima expresión.
Como
ya hemos dicho en más de una ocasión, creemos que la forma de sostener la
capacidad de actuación de los ayuntamientos pasa por una reestructuración de la
financiación, proporcional a los servicios que prestan y no por recortes, mal
llamados ajustes.
A
pesar de considerarlo un parche, como ya he expuesto, dada la situación real y
la deuda pendiente del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, no consideramos que
haya motivos para oponerse a una disminución de los tipos de interés que
redundará, por un lado, en reducir los
beneficios de la banca a la que todos hemos rescatado y a la que seguimos
engordando y, por otro, en reducir
los gastos del propio Ayuntamiento, y por tanto, de los vecinos y vecinas de
nuestro pueblo.
Se aprueba por unanimidad.
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