La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha incluido algunas novedades en las instrucciones para este curso que comienza que vienen a aumentar el progresivo deterioro de la educación pública del que lleva haciendo gala unos cuantos años el gobierno de Esperanza Aguirre.
No vamos a extendernos con lo de los años anteriores, ya que hay sobrada información que podéis consultar en los enlaces al final del artículo. Hablaremos de este curso.
¿Qué significan dos horas lectivas más a la semana? Desde luego, no significa que los profesores antes trabajaran 18 horas y ahora protesten porque van a trabajar 20. La jornada semanal es de 37,5 horas, que se distribuyen en diferentes trabajos: “Además de las horas de clase, un profesor tiene obligaciones de tutorías, atención a los padres y alumnos, gestión en los centros y los departamentos, actividades extraescolares, preparación de sus lecciones y renovación de sus conocimientos” (Luis García Montero, Público, domingo 11/09/11). Como leíamos hace poco, decir que un profesor trabaja 18 horas a la semana es como decir que el presentador de un informativo trabaja una hora al día o que un futbolista trabaja 90 minutos a la semana (180 si se le juntan dos campeonatos).
Tal vez nos dejamos algo, pero creemos que es suficiente para darnos cuenta de que las dos horas lectivas más significarán menor dedicación a esas otras tareas, tan importantes o más que la docencia directa en las aulas. No pasaría nada si se mantuviera el número de profesores, pero la realidad es que cada nueve profesores que dan dos horas más a la semana se traducen en un profesor menos. Es decir:
- Menos profesores por instituto: menor atención por alumno, menos profesores de guardia y apoyo, menos desdobles y profesores obligados a impartir materias en las que no son especialistas.
- Aumento del número de grupos por profesor: más trabajo de corrección, menos tiempo para preparar las clases y, por tanto, menos calidad.
- Reducción de miembros del departamento de orientación: menor atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y a los que están en riesgo de exclusión social.
- Eliminación de la reducción horaria del coordinador TIC: sobrecarga horario que unida a los recortes presupuestarios se traducirá en un deficiente mantenimiento de las nuevas tecnologías.
- Eliminación de la reducción horaria del profesor de actividades extraescolares: ni tiempo ni recursos para realizarlas.
- Aumento del número mínimo de alumnos para optativas: reducción de la oferta de optativas.
- Formación permanente del profesorado limitada a Inglés y Nuevas Tecnologías; se suprimen todas las demás posibilidades de reciclaje y actualización de conocimientos.
Por tanto, lo que tenemos es una disminución de la calidad de la educación.
¿Cómo afectan estos recortes a nuestro instituto? El martes pasado tuvimos la satisfacción de ver cómo en la asamblea convocada por los profesores para explicar la situación, padres y madres mostraron mayoritariamente su apoyo a las protestas de los profesores por estos recortes que nos afectan a todos, especialmente a nuestros hijos. Al recibir toda la información la cosa queda clara: los que más salen perdiendo no son los profesores, que también, sino los alumnos. Para interpretar los siguientes datos, tened en cuenta que este año se imparte por primera vez segundo de bachillerato y que hablamos de un instituto muy pequeño con mínima capacidad de maniobra:
- Se mantiene el número de alumnos (unos 370).
- En cómputo de horas dedicadas de jornadas completas habrá 33 profesores (41 en el curso 2009-2010).
- Al reducirse el número total de profesores, cada uno tendrá mayor número de guardias y tareas complementarias.
- Aumenta el número de grupos (2º Bachillerato).
- Aumenta el número de alumnos por grupo, muchos estarán al límite de los 30 alumnos, por lo que a lo largo del curso podrán superar este número con las habituales incorporaciones no previstas, para las que antes siempre se dejaba un margen.
- No hay profesor para Educación Compensatoria (en el curso anterior había uno compartido con otro instituto).
- No hay Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (orientación, ayuda a riesgo de exclusión social). También había “medio” en el curso 2010-2011.
- Desaparece el Aula de Enlace.
- Solamente hay un profesor que no impartirá su especialidad (hemos tenido suerte).
Al disminuir el número de profesores y de horas complementarias disponibles, habrá dificultades para cubrir la apertura de la biblioteca y para realizar actividades extraescolares (cada salida requiere un mínimo de dos profesores, cuyas clases deben cubrir los de guardia).
Afortunadamente para los alumnos y las familias, contamos con un equipo de grandes profesionales que con su esfuerzo cubrirán las carencias del sistema:
- Han conseguido mantener los desdobles.
- El puesto de Coordinador TIC será cubierto por el Jefe de Estudios Adjunto, sin reducción de horas lectivas por este trabajo añadido.
- Según la normativa y la jornada laboral, la atención a los padres debería reducirse a una hora cada dos semanas aunque, como siempre, los profesores cubrirán esta carencia con su buena disposición.
- La reducción inicial de profesores era mayor, pero el equipo directivo ha conseguido minimizarla negociando con la Dirección de Área Territorial.
Pero ¿debemos permitir que este sea el funcionamiento de la educación que pagamos todos? ¿Hay alguna justificación para estos recortes?
Según nuestra “presidenta”, están motivados por la crisis económica. Así que debemos deducir que suponen un ahorro. Tenemos varias objeciones:
Primera: la educación no es algo de lo que se pueda prescindir en tiempos de crisis. No es un gasto, sino una inversión de futuro.
Segunda: no se ahorra. Los supuestos 80 millones de euros que se recortan con estas medidas, son los mismos que se desplazan a la mejora de la educación privada y privada-concertada.
Tercera: si hay que ahorrar, ¿por qué la Comunidad de Madrid renuncia voluntariamente a una parte de sus ingresos creando una desgravación en los impuestos autonómicos por gastos en la educación de pago?
Nosotros creemos que el motivo es evidente. No hay incompetencia, ni ahorro, ni desconocimiento. Hay una intencionalidad muy clara: desviar los recursos de los servicios públicos a las empresas privadas con el objetivo de rebajar al mínimo la calidad de los primeros hasta conseguir que se conviertan en una especie de “servicios mínimos” destinados únicamente a aquellos que no pueden permitirse pagar los privados. De nuevo, nos ayuda Luis García Montero: “Se trata de expulsar a las clases medias de los servicios públicos. Cuando el Estado sólo tenga como destinatarios a los ciudadanos más pobres el deterioro se acentuará hasta el punto de confundir los derechos y los amparos cívicos con las instituciones de caridad. Al final de este camino la educación y la sanidad públicas están condenadas a convertirse en casas de misericordia”.
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