PP, PSOE y las hipotecas

Como ya comentamos en una de las primeras entradas del blog, a finales de febrero, el grupo mixto IU-ICV-ERC presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para cambiar la legislación hipotecaria y obligar a las entidades a aceptar que la entrega de la vivienda fuera suficiente para zanjar la hipoteca. Los votos en contra de PP y PSOE impidieron que prosperara. (El País, domingo 27 de febrero de 2011).

Hace unos días, PP y PSOE han rechazado también una enmienda de IU, ERC e ICV que pedía que en la Ley de Créditos al Consumo se incluyera como abusiva la cláusula suelo (que pone un límite a la bajada de los tipos de interés) en las hipotecas para vivienda familiar que están vigentes (Público, miércoles 13 de abril de 2011).

El partido en el Gobierno y la oposición mayoritaria hacen oídos sordos al clamor popular del que se ha hecho eco la izquierda parlamentaria, e ignoran también los llamamientos de los jueces en el sentido de que el cambio de la Ley Hipotecaria es “una exigencia de justicia política”. José Luis Ramírez Ortiz, portavoz de Jueces para la Democracia, afirma que “la actual regulación puede llevar a una situación de exclusión social a una porción significativa de ciudadanos”, como ya estamos viendo. Y añade que este hecho “hace exigible una reforma legislativa, hasta el momento no abordada por el legislador, a pesar de las numerosas ocasiones parlamentarias que ya ha disfrutado desde que empezó la crisis” .

A su juicio, dicha reforma debería contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:

1.- La aprobación de una ley de sobreendeudamiento (existente ya en Francia, Italia y Alemania) que permita aplazar, reducir o extinguir las deudas de los ciudadanos de buena fe en las situaciones, no imputables a ellos, en las que no puedan hacerles frente.

2.- Admitir la dación en pago en el caso de las ejecuciones hipotecarias, es decir, que al entregar el inmueble se extinga la deuda, o, como mal menor, elevar el porcentaje por el que el acreedor puede adjudicarse el bien (actualmente es el 50% del valor de tasación), lo que reduciría notablemente el importe de la deuda restante.

3.- Cambiar la regulación del proceso de ejecución hipotecaria, actualmente tan enormemente restrictivo que el deudor no puede hacer prácticamente ninguna alegación, ni siquiera la nulidad de una cláusula por abusiva.

Dicho esto, cabe preguntarse por qué PSOE y PP rechazan sistemáticamente las iniciativas de Izquierda Unida e ignoran las necesidades de los trabajadores a los que deberían representar y a cuyo mandato deberían someterse. La realidad es que ambos se pliegan al mandato y representan muy eficazmente los intereses de esa nebulosa a la que ahora se llama “los mercados” o “el poder financiero” y que siempre se había llamado el capital.

Julia Ricoy Gil